La Asamblea Nacional de Senegal aprobó este miércoles una ley que endurece las penas por relaciones homosexuales. El nuevo texto duplica las condenas actuales y establece castigos de entre cinco y diez años de prisión.

La reforma también aumenta significativamente las multas económicas y penaliza la promoción o financiación de la homosexualidad en el país. La norma aún debe ser promulgada por el presidente Bassirou Diomaye Faye para entrar en vigor.

Endurecimiento del Código Penal

La ley modifica el artículo 319 del Código Penal senegalés, que ya castigaba los llamados “actos contra natura”. Hasta ahora, las penas iban de uno a cinco años de prisión. Con la reforma, el rango se amplía a entre cinco y diez años.

Las multas también aumentan de forma notable. Pasan de un máximo de 1,5 millones de francos CFA a sanciones de entre 2 y 10 millones de francos CFA, equivalentes aproximadamente a entre 3.000 y 15.000 euros.

El texto prevé la pena máxima cuando los hechos impliquen a menores. Además, contempla sanciones penales para quienes promuevan o financien actividades relacionadas con la homosexualidad.

Sanciones para denuncias falsas

La norma incluye también castigos contra quienes presenten “denuncias abusivas de mala fe” contra personas acusadas de homosexualidad.

El endurecimiento legal llega en un contexto de creciente tensión social en torno a este tema en Senegal, un país mayoritariamente musulmán donde la homosexualidad sigue siendo ampliamente rechazada.

Ola de detenciones y críticas internacionales

En las últimas semanas se han producido múltiples detenciones por presuntos “actos contra natura”, el término utilizado en la legislación para describir relaciones entre personas del mismo sexo.

El debate se intensificó tras la detención, a principios de febrero, de doce hombres acusados de homosexualidad, entre ellos dos figuras conocidas en el país. Desde entonces, la prensa local ha informado de decenas de nuevas detenciones.

Organizaciones de derechos humanos han condenado tanto los arrestos como la nueva legislación. Naciones Unidas ha señalado que la medida vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la privacidad y la libertad de expresión.