Consumo abre expediente sancionador a una gran promotora de festivales por prácticas abusivas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investiga a una empresa del sector por impedir acceder con comida y bebida, imponer pulseras cashless y retener dinero no gastado.
El Ministerio actúa tras años de denuncias de FACUA
La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas.
La investigación se produce tras años de denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, que lleva tiempo alertando de irregularidades en el sector y reclamando sanciones más firmes por parte de las autoridades competentes.
Abusos en festivales: comida, bebida y pulseras cashless
Según FACUA, la empresa investigada —que organiza eventos en distintas comunidades autónomas— podría haber incurrido en prácticas como:
Prohibir el acceso con comida y bebida del exterior.
Obligar al uso de pulseras cashless como único método de pago dentro del recinto.
Retener parte del dinero no gastado e imponer un plazo limitado para su devolución.
Estas condiciones, además, suelen acompañarse de restricciones adicionales, como impedir salir y volver a entrar libremente al recinto sin pagar un suplemento.
ACUA denuncia la pasividad de las autoridades
FACUA denuncia que, pese a las irregularidades detectadas desde hace años, las sanciones impuestas por las comunidades autónomas han sido “ridículas” y no disuaden a las promotoras.
Solo en 2023, la organización presentó denuncias contra las responsables de 28 festivales y conciertos. La promotora más señalada ante el Ministerio de Consumo durante esta legislatura ha sido Live Nation, por los conciertos de AC/DC en 2024 y los de Lady Gaga y Bad Bunny en 2025.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy no ha confirmado si esa es la empresa objeto del expediente sancionador.
Posibles sanciones de hasta un millón de euros
Las prácticas investigadas podrían infringir el artículo 47.1.j de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, al considerarse abusivas y restrictivas de derechos.
En caso de confirmarse como infracciones muy graves, las multas oscilarían entre 100.001 euros y 1 millón de euros, pudiendo incluso superar esas cifras si se calcula entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Nueve meses de investigación
Con la apertura del expediente sancionador, se inicia un periodo máximo de nueve meses para la instrucción y resolución del caso por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El departamento recuerda que la iniciación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
