Asturias da el primer paso para aprobar su borrador de ley LGTBI
La futura normativa busca garantizar la igualdad y reforzar la protección del colectivo en ámbitos como la educación, la sanidad y el empleo.
El Principado de Asturias ha iniciado este lunes el trámite de información pública de la futura ley LGTBI. Su norma permanece pendiente por la pasada legislatura y afronta, finalmente, su fase decisiva. El borrador permanecerá expuesto durante veinte días hábiles, periodo en el que la ciudadanía, colectivos y entidades sociales podrán presentar alegaciones y propuestas.
El anteproyecto, según El Comercio, se inspira en la Ley estatal 4/2023, conocida como ley trans. Aún abierta a polémicas y consultas por movimientos de la extrema derecha y causas transfóbicas, la ley ha colocado a España en uno de los pocos países europeos en avanzar dentro de un marco de retroceso en derechos de las juventudes trans.
Los efectos de la ley trans
Esta normativa supuso un antes y un después en el reconocimiento de la autodeterminación de género y amplió el marco de derechos de las personas LGTBIQ+ a nivel nacional. A partir de ese marco estatal, la futura ley asturiana pretende desarrollar las competencias autonómicas desde un enfoque transversal, incorporando obligaciones concretas para las administraciones públicas.
El texto refuerza la protección frente a la LGTBIfobia y establece medidas específicas en ámbitos especialmente sensibles como la educación, la sanidad y el empleo. También considera aspectos como el acceso a la vivienda y los servicios sociales en la población queer. Además, contempla protocolos de actuación ante situaciones de discriminación, campañas de sensibilización y programas de formación dirigidos a instituciones y empresas.
Con esta iniciativa, Asturias avanza para situarse al nivel del resto de comunidades autónomas. Y es que el Principado permanece como una de las regiones que aún no cuenta con una ley específica LGTBI en vigor. El Gobierno autonómico subraya la importancia de la participación social en esta fase para lograr una norma eficaz, consensuada y con impacto real en la protección de los derechos del colectivo.
