España aprueba penalizar las terapias de conversión
El Congreso da luz verde a la reforma del Código Penal, que prevé penas de hasta dos años de prisión y remite ahora la ley al Senado.
El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la reforma del Código Penal que convierte en delito las llamadas terapias de conversión dirigidas a modificar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género. La proposición de ley, impulsada por el PSOE, salió adelante con 178 votos a favor, 32 en contra, correspondientes a Vox, y 137 abstenciones del PP. El texto continuará ahora su tramitación en el Senado.
La reforma establece penas de prisión de seis meses a dos años y multas de ocho a veinticuatro meses para quienes apliquen métodos, programas o procedimientos de conversión, incluso cuando exista el consentimiento de la persona afectada o de su representante legal. Hasta ahora, estas prácticas estaban prohibidas y se castigaban únicamente como una infracción administrativa muy grave en la ley trans, con sanciones económicas de entre 10.001 y 150.000 euros.
Los grupos reclaman más medidas para las víctimas
Aunque la iniciativa obtuvo un amplio respaldo, Sumar, Junts, PNV, EH Bildu, ERC, Podemos y Compromís reclamaron incorporar ayudas económicas, recursos habitacionales y medidas de acompañamiento para facilitar la denuncia y la reparación de las víctimas. Todas las enmiendas fueron rechazadas durante la votación en el Congreso.
El PP justificó su abstención por considerar que el texto presenta “indefinición jurídica”, aunque reiteró su rechazo a las terapias de conversión y anunció que intentará introducir mejoras durante la tramitación en el Senado. Vox votó en contra al considerar que la reforma supone un ataque a la libertad individual y cuestionó el recurso a la vía penal.
Durante el debate, el diputado socialista Víctor Gutiérrez calificó estas prácticas como “una forma de tortura” y defendió que el consentimiento no elimina su carácter lesivo cuando existe presión social o familiar. Tras la aprobación, las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Sanidad, Mónica García, celebraron la reforma y defendieron que las terapias de conversión constituyen una forma de violencia que nunca debió considerarse un tratamiento.
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