La posible prohibición de las terapias de conversión (al fin)

El informe presentado por la parlamentaria Kate Osborne abrirá el debate en enero, en contra de las prácticas dañinas para el colectivo LGBTIQ+ y condenadas por la ONU.

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Kate Osborne, activista parlamentaria a favor del colectivo. //FOTO: David Woolfall.

El Comité de Igualdad y No Discriminación del Consejo de Europa ha aprobado por unanimidad un informe que propone la prohibición de las prácticas de conversión en todos los estados miembros. El documento viene por el liderazgo de la parlamentaria británica Kate Osborne, importante miembro en su activismo en favor de los derechos LGBTQ+.

Una de cuatro personas del colectivo ha sufrido dichas terapias, con implicaciones de violencia verbal, física o sexual, en Europa. Así lo redactan desde el informe de la Comisión Europea. Desde España, Vox y PP reabrían el debate en mayo de 2025 desde las Cortes Valencianas, a favor de las “terapias de conversión”. La ONU califica esta práctica como tortura. Con la intervención desde la UE, las políticas de derechas españolas no lograrían establecer esta violación de los derechos humanos. 

Un borrador de ley y su debate en enero 

Según lo establecido, el nuevo informe presentado para la abolición de las terapias será sometido a un debate integral en enero. Si el pleno lo respalda, los 42 países miembros del Consejo de Europa serán instados a revisar la resolución. Por tanto, podrán impulsar legislación específica para prohibir estas prácticas, consideradas ampliamente dañinas por organismos internacionales.

La organización Ban Conversion Practices ha celebrado el respaldo unánime. Asimismo, ha insistido en que el avance europeo podría ser determinante para acelerar los procesos legislativos nacionales. Recuerdan que el Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a presentar un borrador de ley para prohibir las prácticas de conversión antes de que finalice la actual sesión parlamentaria. Asimismo, expresan su deseo de que la noticia de hoy “dé a ese compromiso el impulso urgente que necesita”.

Falta de movilización española: evidencias y silencios

Ban Conversion Practices ha reiterado que mantiene su campaña por una prohibición totalmente inclusiva, destinada a proteger a toda la comunidad LGBTQ+ de un daño que califican como “inexcusable”. También agradecieron de forma especial a Kate Osborne por su papel clave en sacar la propuesta adelante.

En España se aprobó la ley contra dichas terapias de conversión en 2023, un reglamento que llega bajo el mandato del gobierno de izquierdas y con tan solo dos años de antigüedad. No obstante, Público informaba que fuentes de Moncloa confirmaban la falta de sanción hacia las organizaciones que habían llevado a cabo dichas prácticas.

El Ministerio de Igualdad llevaba tiempo tramitando un expediente para investigar la denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. La denuncia señala la celebración de talleres para cambiar la orientación sexual en siete diócesis españolas.

“Tenemos mucha documentación (…) y aún tenemos determinar si debe haber alguna sanción”

Un avance tardío contra las “prácticas de conversión”

Las llamadas prácticas de conversión tienen su origen desde finales del siglo XIX. Sus prácticas, de evidencias dañinas, son establecidas para “convertir” a la persona queer en cishetero. La propia organización y sus activistas en el Parlamento Europeo condenan firmemente su presencia, aún actual.

Las definen como “intervenciones destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas LGTBIQ+”. Recuerdan, asimismo, que están “calificadas como tortura por las Naciones Unidas”.

“Gracias a Dios que no todo el mundo está yendo marcha atrás”, comentan en redes. Con las leyes anti-LGBTIQ+ que empiezan a crecer en Europa, como las presentes en Hungría y Reino Unido, aún hay una resistencia por parte de los estados miembros que defienden los derechos del colectivo. La posible prohibición de las prácticas de conversión LGBTIQ+ se suma al último avance europeo, donde todo matrimonio homosexual establecido en un país miembro ajeno debe ser reconocido en el propio.

Esta reforma lleva tiempo intentando aplicarse. Uno de los últimos países que lo aprobó fue España y el primero fue Malta. Chipre, Francia, Alemania, Portugal o Bélgica, fueron otros de los posicionados en contra de estas prácticas. Europa del este, no obstante, mantiene su silencio.

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